El delito urbanístico ha sido objeto de importantes estudios doctrinales y jurisprudenciales, habiendo dado origen, desde su introducción en el Código Penal, a un amplio debate que va, desde la propia oportunidad o mejor, necesidad de la tipificación de determinadas conductas como delictivas, hasta la aplicación de las consecuencias derivadas del delito, entre las que destaca la demolición, sobre cuya necesidad o no, aún sigue produciéndose una gran polémica jurisprudencial, presentando este tema una gran casuística. Partiendo de la evolución legislativa de la protección penal de la ordenación del territorio y el urbanismo, la presente monografía se centra en el estudio del bien jurídico protegido, refiriéndose especialmente a la naturaleza de estos delitos, su fundamentación constitucional y las relaciones entre el Derecho Administrativo y el Derecho Penal en este ámbito. La obra va a desarrollar un exhaustivo estudio de la estructura jurídica del delito urbanístico, refiriéndose por separado al tipo básico del 319.2 y al tipo agravado del 319.1. Y así, examinará, sucesivamente, el juicio de antijuridicidad y el juicio de culpabilidad, así como los posibles supuestos de error, y analizando el dolo tanto como referencia típica, como elemento autónomo. Todo ello con abundantes citas doctrinales y jurisprudenciales que plasman el gran debate que aún subsiste. El estudio continúa con el examen detallado de las especiales formas de aparición de estos delitos, así como los temas relativos a la consumación y el posible grado de tentativa, la autoría y participación, su consideración o no como delito continuado, y las posibles relaciones concursales, finalizando con las consecuencias jurídicas del delito, capítulo en que se abordan las distintas penas correspondientes a personas físicas y jurídicas, así como las consecuencias accesorias, y aludiendo, asimismo, al tema de la prescripción. La lectura de esta obra resultará, sin duda, de gran interés no solo para los investigadores que deseen profundizar en los temas desarrollados, sino además para los profesionales, que encontrarán en ella una importante herramienta de trabajo, dada su sólida base doctrinal y jurisprudencial. María José Sánchez Robert es doctora por la Universidad de Granada, disfrutando en la actualidad de un contrato postdoctoral de investigación. Ha participado, como investigadora, en el Proyecto de Investigación “Corrupción política y criminalidad urbanística”, y actualmente colabora en el Proyecto “Variables para una moderna política criminal superadora de la conradicción expansionistas/reduccionistas de la pena de prisión”. Autora de publicaciones doctrinales y jurisprudenciales sobre diversos temas relacionados con el delito urbanístico, materia sobre la que también ha impartido docencia universitaria al alumnado de Derecho. Asimismo, ha realizado estancias en la Ludwig-Maximilians-Universität Juristische Fakultät, en Munich, profundizando en el estudio de los delitos urbanísticos en la legislación alemana.
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Volume III: The Chesapeake and New England, 1660-1750 William E. Nelson ... Decision of Law, Surry County Ct. 1673/74, in Eliza Timberlake Davis ed., ...
E. Edwards v. California, 314 U.S. 160 (1941), 66 Edwards v. Housing Authority of City of ... Timberlake, 148 Ind. 38,46 N.E.339 (1897), 69,70 Graves v.
Fitzgerald, 4.08[B][2], 5.05[D] Fitzgerald v. ... Mastrapa-Font, 7.03[A][3] Fontaine, In re, 5.05[D] Fontenette v. ... Frost, 5.05[A] Formato v.
The sole remedy is avoidance, however; damages cannot be claimed under s. ... 17, it places a great deal of power in the hands of insurance companies to ...
Normally, a mate«s receipt would later be given up for a bill of lading, ... they necessarily prejudice the rights of those who deal in the goods ...
27 257 U.S. 184, 42 S. Ct. 72, 66 L. Ed. 189 (1921). ... 38 Argensinger, “Right to Strike”: Labor Organization and the New Deal in Baltimore, 78 MD . HIST .
704 Contract and Commercial Law Act 2017, s. 80. 705 Leith v. Gould [1986] 1 NZLR 760. It is not clear how a New Zealand court would deal with a case such ...
... to meet the reasonable expectations of claimants about how the corporation should deal with them, by, inter alia, ... 7 Treaty of Waitangi Act 1975, s.